noviembre 21, 2017

Por un cese de la creciente ola de violencia contra las mujeres en Liberia

Liberia busca detener el aumento en la incidencia de violencia sexual y de género. Las niñas, algunas con tan sólo seis años, son víctimas de violaciones y sufren el efecto devastador que este hecho provoca en su salud y bienestar. La pequeña Decontee del condado de Nimba regresaba del campo cuando un hombre, un familiar suyo de 22 años, la violó. Su caso es uno de los pocos en los que el violador finalmente es procesado y condenado a prisión. Conforme a la Ley sobre Violaciones de 2005 de Liberia, la violación de menores o las relaciones sexuales con menores son delitos que no admiten la libertad bajo fianza. Sin embargo, en este momento se propuso una enmienda en la Cámara de Representantes con el fin de que la violación de menores sea considerada un delito con libertad bajo fianza. ONU Mujeres, junto con sus socios, aboga por leyes más rigurosas e invita a las y los líderes comunitarios a que se sumen en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.

La mayoría de los casos de violación en Liberia se cometen contra menores, y muchas de las sobrevivientes quedan con secuelas psicológicas y médicas de por vida. Fotografía: ONU Mujeres/Winston Daryoue

Es una tarde soleada de jueves en las afueras de un hogar seguro en el condado de Nimba, Liberia. En el interior, Decontee, de seis años, mira por la ventana, mientras relata la historia desgarradora de la violación que sufrió por parte de un familiar suyo de 22 años. Ha transcurrido más de un año desde aquel día, pero los efectos médicos y psicológicos aún hostigan a la pequeña Decontee.

La violación le provocó una fístula obstétrica, una afección que le generó incontinencia urinaria y fecal.

"Me hago encima, algunas veces, sin darme cuenta, y todavía me duele la barriga", cuenta con lágrimas en los ojos. Al igual que tantas otras sobrevivientes de una violación violenta, aún sufre el dolor y la estigmatización. El estado de Decontee ha mejorado levemente luego de someterse a dos cirugías, y pronto le realizarán un tercer procedimiento.

Además de la atención médica, el hogar seguro cuenta con servicios de consejería a fin de ofrecer apoyo psicosocial a Decontee y a otras 15 niñas, quienes también son sobrevivientes de violaciones. Con el tiempo, las niñas han empezado a interactuar entre sí y con las personas cuidadoras del hogar seguro y poco a poco van superando la situación traumática. "Cuando sea grande, quiero ser médica para atender a las personas", afirma Decontee, con una sonrisa dibujada en su rostro. 

"Cuando la acogimos en el hogar seguro, todas y todos notamos lo destrozada que estaba. No hablaba y tenía miedo de contarnos lo que le sucedía. Pero ahora vemos cambios significativos. Se siente segura cuando habla de lo que le pasa y participa mucho en los juegos", explica Yaah Belleh Suah, Coordinadora de Asuntos de Género del condado de Nimba.

Yaah se encargó de trasladar a la pequeña Decontee de la comunidad al hogar seguro, un espacio que recibe el apoyo del "Programa conjunto de las Naciones Unidas y el Gobierno de Liberia sobre violencia sexual y por razón de género y prácticas tradicionales nocivas", que dirige ONU Mujeres. Decontee es una de las pocas víctimas cuyo violador fue finalmente procesado y condenado a 20 años de prisión, gracias a las campañas y el apoyo de los grupos comunitarios de su aldea.

A catorce años de finalizada la guerra civil cuando la violación se usaba como arma de guerra, Liberia lucha por detener la elevada incidencia de violaciones y otras formas de violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos de Género, Infancia y Protección Social de Liberia, entre enero y septiembre de 2017, se denunciaron 892 casos de violencia sexual y de género, entre los cuales 506 correspondieron a violaciones y 475 involucraron a niñas.

Honorable Julia Duncan-Cassell, Ministra de Asuntos de Género, Infancia y Protección Social de Liberia. Fotografía: ONU Mujeres/Winston Daryoue

"Es estremecedor saber que las mujeres y las niñas de nuestro país sufren abusos y violaciones todos los días. La parte más angustiante es que la mayoría de estos casos se cometen contra niñas; debemos tomar medidas para detener estos hechos", expresa la Sra. Julia Duncan-Cassell, Ministra de Asuntos de Género, Infancia y Protección Social de Liberia.
Las leyes que protegen los derechos de las mujeres sirven como estrategias de disuasión ante estos delitos

Recientemente, Liberia ha logrado algunos avances en la promulgación de leyes que protegen los derechos de las mujeres y las niñas, entre las que se encuentra una ley sobre violencia doméstica que se aprobó en agosto de 2017. Sin embargo, estos logros que tanto esfuerzo costaron no deben darse por sentados.
Las mujeres se manifiestan pacíficamente en la Legislatura de Liberia a favor de la aprobación del Proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica. Fotografía: ONU Mujeres/Winston Daryoue

Conforme a la Ley sobre Violaciones de 2005 de Liberia, la violación de menores o las relaciones sexuales con menores son delitos que no admiten la libertad bajo fianza. Sin embargo, pese a que el país atraviesa una creciente ola de violencia sexual, una enmienda que propone el Senado podría dar marcha atrás a los avances y hacer que la violación de menores sea un delito que permita la libertad bajo fianza. La versión enmendada de la Ley sobre Violaciones se presentó ante la Cámara de Representantes para que se debatiera.

Distintas organizaciones de mujeres, el Ministerio de Asuntos de Género, Infancia y Protección Social de Liberia y los socios de las Naciones Unidas han instado a la Cámara de Representantes a que rechace la enmienda.

"La ley vigente sobre violación no sólo constituye un elemento disuasorio ante las violaciones, sino que es la única garantía de que los agresores sean juzgados por sus acciones y que las sobrevivientes, como Decontee, puedan encontrar amparo en la justicia", explicó Dhogba Mabande, Oficial del Programa de ONU Mujeres sobre Violencia Sexual y de Género en Liberia.

“Es probable que no se apruebe ninguna enmienda propuesta de la ley antes de que el mandato de la Presidenta Sirleaf finalice, y tenemos la esperanza de que contaremos con el apoyo de los nuevos legisladores de Liberia para dar marcha atrás a las decisiones de cambiar la ley", afirma la Ministra Cassell.

Además de las leyes, las soluciones basadas en la comunidad son esenciales

Si bien las leyes que ponen fin a la impunidad y sirven como disuasorios son fundamentales, romper los estereotipos de género y cambiar las conductas que toleran la violencia contra las mujeres y las niñas son igualmente importantes. El Programa Conjunto, que dirige ONU Mujeres y financia Suecia, también involucra a líderes religiosos y comunitarios, y personas influyentes para que rechacen las prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital femenina y que se golpee a las mujeres, en seis de los 15 condados de Liberia. 

Según Mabande, el enfoque de base comunitaria es especialmente importante por lo siguiente: "Estamos trabajando en aras de que los jefes, los pastores, los imanes y los líderes juveniles puedan comprender la manera en que las mujeres y las niñas, y sus comunidades, se ven afectadas por las violaciones y otras formas de violencia sexual y de género. Las y los líderes comunitarios ahora tienen la oportunidad de aportar ideas sobre cómo se podrían abordar estos problemas y el papel que pueden desempeñar".

El programa trabaja con las y los líderes comunitarios en la prevención e identificación de la violencia sexual y de género, y se encarga de derivar a las sobrevivientes a quienes prestan los servicios correspondientes. De mayo de 2017 a la actualidad, más de 250 líderes tradicionales y religiosos se han capacitado sobre la mejor manera de proceder ante casos de violaciones y otras formas de violencia sexual y de género en sus comunidades. Asimismo, se han mejorado las capacidades de 173 agentes de policía, fiscales, profesionales de la salud y trabajadoras y trabajadores sociales para responder ante estos casos.

Fuente: Onumujeres

Una vida sin la amenaza de la violencia para todas y todos

Este es un artículo de opinión de Phumzile Mlambo-Ngcuka, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres. El texto integra la cobertura sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, que abre 16 días de activismo para erradicar el problema.

Niñas vestidas con el color naranja de la campaña del activismo para erradicar la violencia hacia las mujeres, se manifiestan en Dar es Salaam, en Tanzania. Un letrero dice: "Absténgase de usar lenguaje ofensivo para mujeres y niñas". Crédito: Deepika Nath/ONU Mujeres

La reacción inicial ante la avalancha de mensajes con la etiqueta #metoo (#yotambién) en todo el mundo ha sido la rabia al constatar la dimensión de los abusos sexuales y la violencia que revelaba. Los millones de personas que se unieron a este “hashtag” nos demostraron lo poco que habían sido escuchadas antes.

Las compuertas cedieron, se dio paso a las conversaciones, se acusó a las personas por su nombre, y la fragilidad de las declaraciones individuales creció con el vigor de un movimiento.

Esta denuncia colectiva ha servido para dar fuerza a aquellas historias que de otro modo no se habrían contado. La violencia sexual en el ámbito privado casi siempre termina por ser la palabra de una persona contra la de otra, en el caso de que siquiera se llegue a hablar de ello.

De hecho, incluso es difícil señalar la violencia sexual en el ámbito público cuando la sociedad no contempla la violación como un delito por parte de los hombres sino como un error de la mujer, y percibe que a esa mujer no hay que hacerle caso.

Estamos viendo cómo la horrible cara de la violencia sale a la luz: los abusos de poder que impiden la denuncia y restan importancia a los hechos, que excluyen o aniquilan a la oposición.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres. Crédito: Devra Berkowitz/ UN Photo

Estos actos de poder tienen el mismo origen independientemente de que se trate del asesinato de una defensora de los derechos humanos que hace frente a los grandes intereses comerciales en la cuenca del Amazonas, o de una joven refugiada que se ve forzada a mantener relaciones sexuales para conseguir comida o suministros, o de una empleada de un pequeño negocio de Londres despedida de su trabajo por ser una persona “difícil” tras denunciar una conducta sexual inapropiada por parte de su jefe.

En todos los casos, una y otra vez, estos casos de abuso derivan de la confianza que tienen los autores de que no habrá una represalia significativa, de que no se recurrirá a la ley, de que no se tendrán que dar explicaciones.

Sin embargo, todas y todos tenemos derecho a vivir la vida sin la amenaza de la violencia. Esto es cierto para todas las personas, sin tener en cuenta su género, su edad, su raza, su religión, su origen étnico o casta, independientemente de su nivel de ingresos, su orientación sexual, su estado serológico respecto del VIH, su ciudadanía, el lugar donde vivan o cualquier otro rasgo de su identidad.

La violencia contra mujeres y niñas se puede evitar. Hay muchas maneras de prevenir la violencia en un principio y de detener la repetición de los ciclos de violencia.

Como sociedad, podemos respaldar la aprobación e implementación de leyes que protejan a las niñas y las mujeres ante el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, la violencia doméstica, las agresiones sexuales y el acoso, y podemos promover que se evalúe y se haga un seguimiento debidamente de su impacto.

La prestación de servicios esenciales para las personas sobrevivientes de la violencia debe ser integral, multisectorial, libre de prejuicios, de buena calidad y accesible para todas las personas, sin excepción.

Estos servicios constituyen la primera línea de respuesta para aquellas personas cuyas vidas se han visto truncadas; la dignidad y la seguridad de la persona sobreviviente deben ser las preocupaciones centrales de estos servicios.

La prevención de la violencia debe empezar en una etapa temprana. El sistema educativo y el personal docente están en contacto con niñas y niños y jóvenes y pueden transmitir los principios de igualdad, respeto y actitudes no violentas a las generaciones futuras. Para ello, es necesario contar con un plan de estudios apropiado y comportamientos que sirvan de ejemplo.

Lo que la etiqueta #metoo ha reflejado claramente es que todas y todos tenemos algo que aportar a la hora de hacer de la nuestra una sociedad mejor.

Debemos alzar la voz contra el acoso y la violencia en nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, nuestras instituciones, los entornos sociales y a través de nuestros medios de comunicación. Los casos denunciados con la etiqueta #metoo demuestran que nadie está inmune. Con esto en mente, debemos adoptar medidas para prevenirlos, y al mismo tiempo estar en situación de responder adecuadamente.

En este amplio esfuerzo de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, entendemos que los hombres desempeñan un papel vital para lograr el cambio. Hacer frente al sexismo, al predominio masculino y a los privilegios masculinos como la norma de la sociedad empieza con la creación de masculinidades positivas.

Las madres y los padres pueden instilar principios de igualdad, derechos y respeto cuando educan a sus hijos varones; y los hombres pueden reprochar a sus compañeros comportamientos inaceptables aunque en realidad estos representen una pequeñísima parte del gran problema del acoso.

La esencia del tema de hoy de “Que nadie se quede atrás” es que nadie se quede fuera. Esto significa contar con las mujeres y las niñas en pie de igualdad e incluirlas en todos los asuntos que las conciernen, y diseñar soluciones para poner fin a la violencia junto con aquellas personas a las que antes se ha omitido, relegado o marginado.

Como comunidad mundial, ahora podemos poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, transformar las instituciones y unir esfuerzos para erradicar la discriminación, restaurar los derechos humanos y la dignidad, y no dejar a nadie atrás.

Revisado por Estrella Gutiérrez
Fuente: IPS

noviembre 20, 2017

Marichuy: feminismo y anticapitalismo con voz mexicana

No solamente la tierra tiembla en México: las palabras de las voces que han sido acalladas durante muchos años la acompañan. La tierra dice “basta” y las personas indígenas y no indígenas, las nadie de Galeano, van tomando la palabra y cada vez están más presentes en el escenario político mexicano. En octubre de 2016, durante la celebración del veinte aniversario del Congreso Nacional Indígena (CNI), se planteó la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno (CIG). La propuesta fue adelante y María de Jesús Patricio Martínez, cariñosamente llamada Marichuy, mujer indígena nahua, fue elegida vocera. 

Encuentro entre el CIG y organizaciones feministas y de mujeres en el CESMECA de la UNICACH.

Con esta propuesta se inicia una nueva etapa en la que tanto la forma de organización como las prácticas de los tradicionales partidos y coaliciones se ven desafiadas frente a otra propuesta de hacer política, la de “mandar obedeciendo”. Bajo este mandato recorren las 32 entidades federativas que conforman las geografía mexicana, escuchando, asimilando y conociendo las problemáticas de las zonas rurales y urbanas, con la misma metodología con la que se impulsó La Otra Campaña. Se trata de llegar allá adónde nadie llega, adónde las problemáticas están directamente arraigadas a la tierra. Es cuestión de escuchar compartiendo con las personas que sufren directamente en sus vidas y comunidades la oleada de transnacionales que expropian recursos y expolian el territorio para el establecimiento de sus megaproyectos. En definitiva, es otra forma de hacer política, recuperar el verdadero sentido de la política, generar un verdadero proyecto que emane de las voces de los pueblos.

El pasado mes de octubre se inició, con toda esta carga ideológica, la recogida de firmas para la postulación institucional de la candidatura en el estado de Chiapas. El recorrido por los diferentes caracoles zapatistas, así como eventos, reuniones y encuentros en lugares clave con organizaciones de base y comunidades, marcó y marcará estos próximos meses el accionar político. Si la campaña sale bien, podrán presentarse como partido político a las elecciones de 2018.

COLECTIVIZAR LAS VOCES Y VISIBILIZAR LO REPRIMIDO

Del 14 al 20 de octubre se realizaron actos políticos en los cinco caracoles zapatistas y en los municipios de Palenque y San Cristóbal de las Casas. La dinámica siempre fue la misma: dar voz a quienes están en resistencia y lucha, reconocer los dolores, escuchar atentamente todas sus demandas, invitar a la resistencia y la construcción de otra forma de vida, visibilizar la lucha de las organizaciones que denuncian las desapariciones (con especial atención a las Madres y Padres de Ayotzinapa, que acompañan la gira) y recoger las firmas necesarias para la candidatura del CIG.

No es casual que la gira del CIG se inicie en el estado de Chiapas, ya que la rebelión que desde el 1994 mantiene a las comunidades en resistencia frente al sistema capitalista ha sido y es ejemplo de lucha tanto en América Latina como en el resto del mundo. Trece fueron las demandas que impulsaron el alzamiento del EZLN: tierra, trabajo, salud, educación, vivienda, paz, libertad, justicia, democracia, información, independencia, cultura y alimentación. Siguen siendo las mismas.

En 1996, fruto del trabajo de articulación que venían realizando los pueblos indígenas, se conforma el Congreso Nacional Indígena (CNI) para defender sus propios derechos, defender el territorio y, sobre todo, construir su alternativa. A partir de ese año, las y los zapatistas organizan sus gobiernos autónomos a través de cargos rotativos, sin contar con partidos políticos, y crean un sistema autónomo basado en la producción, la economía, la salud, la educación, la justicia y la seguridad.

Veinte años después se propone, tras consultar a todos los pueblos ya organizados, el CIG como forma independiente de partidos políticos para formar un gobierno propio. En mayo del 2017 se nombran las asambleas de concejalas y concejales de cada lengua en cada región indígena del país y se crea la estructura de funcionamiento del Concejo Indígena de Gobierno. El CIG se rige por los siete principios del CNI: obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir.

El CIG es una forma de gobierno colectiva. Se nombra a una vocera como representante, no como cargo individual sino como colectivización de todas las voces. En esta primera ocasión la vocera es una mujer médica tradicional, una indígena de la comunidad nahua de Tuxpan (Jalisco), pues se ha querido hacer visible lo que el sistema capitalista heteropatriarcal ha invisibilizado, reprimido, sometido, y violentado. La elección de Marichuy como vocera es en sí misma una respuesta al sometimiento y una resistencia digna a la violencia que el sistema quiere imponer, pero, sobre todo, un acto de visibilización.

La figura de vocera no tiene como objetivo principal ganar la presidencia. A través de la candidata se pretende difundir toda la propuesta para otra forma de organización fuera de los malos gobiernos, es un pretexto que permite el encuentro para hablar y organizar a la gente que está siendo explotada en todo México, con la que contar para echar a andar otras formas de organización autónomas no capitalistas ni heteropatriarcales.

EL ACCIONAR DEL CIG EN CHIAPAS

Uno de los ejemplos que marcaron el paso del CIG por Chiapas fue el encuentro con el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por el Derecho a Decidir, así como con varias organizaciones feministas y de mujeres de base y de la sociedad civil. El evento, en el que participaron 17 organizaciones, se realizó el 20 de octubre en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

La celebración de un altar maya en los jardines de las instalaciones dio inicio al acto. Las participantes quisieron recibir de forma espiritual a Marichuy y al resto de concejalas que ese día la acompañaban. Posteriormente, en el auditorio, una a una las representantes de todas las organizaciones fueron exponiendo al CIG las demandas que colectivamente habían trabajado. Brotaron los ejemplos sobre las violencias cotidianas que viven en sus comunidades, ilustrando las cuestiones que las mujeres chapanecas vienen reivindicando desde hace años: matrimonios tempranos, trabajos forzados de niñas y jóvenes, discriminación laboral hacia mujeres periodistas, persecución a defensoras de Derechos Humanos, aumento de feminicidios, acaparamiento de tierras y contaminación de agua por parte de transnacionales agrícolas y mineras, debilitamiento y división del tejido comunitario, violencias intracomunitarias e intrafamiliares, desigualdades salariales e impedimentos para la tenencia de la tierra, entre las evidencias más repetidas.

Ceremonia de recibimiento a Marichuy en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). México. Beatriz Plaza Escrivà

Entre las demandas presentadas destaca la entrega de una propuesta de tenencia familiar que permita a las mujeres ser titulares de derechos agrarios, propuesta que desde hace tres años viene elaborando el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por el Derecho a Decidir. Cinco principios articulan esta demanda: que las mujeres sean reconocidas como integrantes de los colectivos ejidales y comunales en igualdad de derechos; que las asambleas comunitarias reconozcan que las parcelas son de toda la familia; que ejidos y comunidades reconozcan que las mujeres tienen derecho y obligación de participar en todas las decisiones comunitarias; que los pueblos reconozcan que la participación de las mujeres duplicará la fuerza de las luchas en defensa de la tierra y el territorio frente a proyectos extractivistas y de privatización, y que la lucha por el reconocimiento de las mujeres es para fortalecer la vida en colectivo.

Como cierre del evento, y después de haber recibido la sistematización de las demandas y la propuesta de tenencia familiar, intervinieron las concejalas y la vocera Marichuy, quien remarcó la necesidad de fortalecer la organización comunitaria para enfrentar el capitalismo. De los diferentes principios que acompañan la gira de Marichuy por todo el territorio mexicano me gustaría resaltar el de mandar obedeciendo al pueblo. Es así cómo se debería regir la política.

El trabajo de Marichuy y todo el CIG en Chiapas demuestra que de nuevo emergen de un continente otros modos de escuchar al pueblo, de caminar conjuntamente, de atender y visibilizar a las personas que el capitalismo ha querido hacer invisibles, exterminar y someter. Continúan naciendo ejemplos de resistencia y lucha que muestran el amor incondicional a la tierra y a las personas y que reivindican la necesidad de la organización comunitaria y el acompasar internacionalista.


Por Beatriz Plaza Escrivà, colaboradora de Pueblos - Revista de Información y Debate.
Fuente: El Salto

Manada, no. Jauría

La más aberrante de las sorpresas de este proceso es que se ha convertido en un debate público sobre la porción de culpa de la víctima en su propia violación


El 20 de agosto de 2016, Agustín Martínez, el abogado de uno de los miembros de La Manada, cinco sevillanos detenidos por la presunta violación en grupo de una chica de 19 años en San Fermín cuyo juicio empezó el pasado 13 de noviembre, recordaba el principio de presunción de inocencia, quería hacer un llamamiento para "evitar la realización de juicios paralelos". Aquel día, a una radio andaluza, aseguró que el caso podía dar lugar a muchas sorpresas. Y unas cuantas ha dado.

La primera y más aberrante, un proceso que se ha convertido en un debate público sobre la porción de culpa de la víctima en su propia violación. Después, un juez que admite como prueba la investigación de un detective privado sobre lo que publicaba y no publicaba la joven tras la agresión y que rechaza las conversaciones de WhatsApp del grupo de La Manada de antes del delito. Algunos medios de comunicación que dan cabida a la duda sobre si ella dijo la verdad, titulares enfocados a la actitud de la joven y su conveniencia, y el tratamiento de algunos programas de televisión hacia los acusados (con el continuo pixelado de sus caras o entrevistas a familiares y amigos que denuncian lo descabellado de la acusación).

Un caso en el que el revuelo social ha provocado una mezcla de conceptos que hace que se confundan y enfrenten algunas ideas, por ejemplo la presunción de inocencia de ellos con la falsedad en el testimonio de ella, o el carácter y los actos de la víctima con circunstancias atenuantes para la acusación. Si apuran, unas cuantas fotos de Instagram podrían acabar siendo eximentes de un delito penado con cárcel.

El pasado jueves, en Espejo Público, presentado por Susanna Griso en Antena 3, una periodista aseguraba que en este caso hay seis víctimas y no una: “Sean culpables ellos o sea culpable ella, al final son seis víctimas que se van a tener que enfrentar a una opinión pública y a unas dudas de la opinión pública, porque al final todos por determinadas experiencias tendemos a etiquetar. Es verdad que judicialmente hay unas pruebas y unos resultados, y luego está esa parte del catecismo, de la parte moral... Todos tenemos derecho a un no, ella en este caso tiene derecho a un no y también ellos tienen esa oportunidad de decir que no ante una provocación”. Esto, literal, en un programa líder de la franja horaria de la mañana con un 23,7% de cuota de pantalla.

Que todos hemos de esperar a la decisión del juez para decir “culpables” o “inocentes” es algo tan evidente como indiscutible. E indiscutible también es que en cualquier patio de vecinos, figurado, real o virtual, unos y otros arreen sus cabras al monte. Y en esos montes, los hay que ponen en duda la veracidad de la acusación, porque, como cualquiera sabe, las mujeres a veces no tenemos nada que hacer y nos dedicamos a poner denuncias a hombres inocentes por violación, que es algo muy entretenido.

Ante las decisiones de un sistema que se presupone imparcial, garantista e independiente, ¿cómo no extrañarse, protestar, indignarse? ¿Cómo no reclamar la insultante obviedad: una justicia justa? El viernes pasado, miles de personas (en su mayoría mujeres) salieron a la calle en Sevilla, Madrid, Valladolid o Barcelona en apoyo a la víctima tras la aceptación en el caso del informe encargado por los acusados a una empresa de detectives privados sobre la vida de ella en redes sociales en las semanas posteriores a la presunta agresión —algo que no viene a cuento, que no agrava ni atenúa ni exime del delito—. Un día antes, una de las noticias de El Mundo Today se convertía, quizás, en la menos disparatada de todas hasta el momento: “Los jueces desestimarán las denuncias por violación si la víctima ha tenido el ánimo de ir a denunciar y meterse en juicios”. Y añadía en el subtítulo: “Si la agresión es real, la víctima no está como para salir de casa y hablar de lo ocurrido con desconocidos, argumenta el Ministerio de Justicia”.

Llevan razón, sí, quienes piden esperar para condenar, así es y ha de ser la justicia. Y tienen también sus razones quienes protestan por el tratamiento que se está dando a la víctima, la sociedad tiene derecho a protestar, y el deber de indignarse, ante lo que no considera justo. En este caso, no solo no es justo, es reprobable moralmente que, para creer más o menos a quien denuncia una violación, se tengan en cuenta las sonrisas o las cervezas o las salidas con amigos tras esa agresión. Y aunque injusto y reprochable, no es raro. No al menos si una se detiene y piensa en cualquier momento de cualquier día.

Cada mañana, en cada radio y en cada televisión y en cada periódico, la mayoría de los tertulianos, entrevistados y firmantes son hombres; en el gimnasio, grupos de encerados musculosos revisan con descaro el género a través de los espejos mientras levantan algún kilo y sudan hormonas; en clase de spinning las canciones de reguetón braman que dónde vamos tan solas, que nos van a dar lo nuestro porque saben que lo queremos aunque no lo digamos; en el metro alguno se arrima más de la cuenta u ocupa su asiento y la mitad del tuyo; en la oficina necesitas el doble de tiempo y el doble de esfuerzo para que te reconozcan la mitad que al Sr. X, que comparte estatus y escritorio contigo; los chavales piensan que tienen derecho a controlar a sus parejas, a saber sus contraseñas de Instagram o Facebook, creen que los celos desmedidos son normales y entienden al otro como una propiedad; la publicidad contra la violencia de género nos insta a nosotras a tener cuidado con ellos, los agresores; cada cinco horas se comete un delito contra la libertad sexual en España; cada ocho, una mujer presenta una denuncia por violación; 44 han sido asesinadas en lo que va de 2017. Los carteles de cine, la dirección, la producción, los guiones siguen siendo de ellos; los anuncios de Navidad (y los que no lo son) siguen siendo de ellos; los altos cargos, las decisiones, las presidencias, la política, la investigación, los premios, los cachés, los platós siguen siendo de ellos; los catálogos de regalos siguen estando divididos entre el rosa y el azul; los recreos de los colegios siguen separándose entre pelotas y cuchicheos; hay grupos de WhatsApp con iconos de tetas enormes y grupos de WhatsApp con abdominales perfectos y brillantes.

Con este panorama, ¿a quién le extraña que se nos sigan culpando en parte de las agresiones, abusos y violaciones —por ir frescas, por hablar con quien no debemos, por ir cortas, por llevar escote, por beber, por no ir con amigas, por andar en la calle a las cinco de la mañana—? ¿Quién se echa las manos a la cabeza porque ahora se nos exija, como condición sine qua non para creernos, que nos recluyamos después, que nos quedemos llorando en casa, que cumplamos a rajatabla con el papel de víctima que la sociedad presupone, que guardemos luto a nuestra propia mierda?

Debería empezar a irritarnos cada una de esas cosas, cada día; para que dentro de un tiempo no haya quienes fuercen, soben, sujeten, retengan, desnuden, besen o penetren a una mujer en contra de su voluntad; que no haya quienes minen, devoren, consuman, arrasen, devasten y machaquen la vida de ninguna más. Que no haya quienes lo hagan en grupo y además lo graben, lo compartan, lo comenten y se jacten. Y a esos, por cierto, no se les puede llamar manada. Esos son una jauría.

Por Isabel Valdés
Fuente: El País